Alrededor de los últimos quince años comenzaron a aparecer en la literatura que analiza el desarrollo económico y la evolución social y política de la Argentina en la década del ´90 estudios sobre los grupos económicos nacionales y foráneos del ámbito privado, y en particular la acción empresarial frente a las reformas pro-mercado.
Considerados los empresarios privados como sujetos de poder con capacidad de influencia en el devenir nacional, revisten importancia en tanto -sea en cualquier momento histórico y bajo gobiernos de diferente signo político y orientación económica- se desarrollan, transforman y expanden dentro de determinadas estructuras sociales que engloban marcos históricos, económicos y políticos más generales. La acción empresaria, sea agropecuaria, industrial o financiera, ha mantenido a lo largo de la historia, con diferentes grados de participación, una importancia estructural en la economía argentina. Sus organizaciones más representativas, impuestas a nivel social por su amplio poder de predominio en la escena nacional, han influido en la vida política del país por sus capacidades de condicionar las políticas y equilibrios macroeconómicos nacionales.
De todos modos, es necesario comprender el bloque empresario como una red de intereses sumamente heterogéneos con una gran diversidad de visiones internas a partir de su inscripción a diversas tradiciones, ideologías políticas, reclamos económicos y supremacía de liderazgos. Por lo tanto podemos abocarnos a desterrar la idea común y reduccionista de organizaciones empresariales como “cajas negras” o “la voz representativa” de un sector económico o estrato productivo, como si produjesen outputs o resultados consensuados sin tener en cuenta sus funcionamientos internos.
Para caracterizar las mismas debemos tener en cuenta sus inclinaciones económicopolíticas con el objeto de descubrir hacia dónde van y con quienes se alinean, a fin de pensar el desarrollo potencial de la nación con la presencia de estos actores. Asimismo es importante dar cuenta de cómo surgen, cuáles son los contextos que hicieron posible su ascenso y adquisición de fortalezas y poder, y si han nacido o no bajo el paraguas de la protección estatal. Como una constante histórica estos grupos han mantenido relaciones con el Estado, que varían en intensidad de acuerdo a las épocas, contextos [2] económico-institucionales y liderazgos personales, tanto de los sectores privados como de los públicos.
El cambio de alianzas en el bloque de poder implica que en cada
contexto se definen políticas y objetivos para la economía nacional en donde los
empresarios, si bien con amplia capacidad de influencia en las mismas, también deben adaptarse a las estrategias y orientaciones que surgen del Gobierno. Asimismo éstas políticas públicas no nacen en un contexto aislado sino en interrelación con el medio, léase, con los grupos empresarios y otras fuerzas sociales y políticas, y deben atender a los objetivos con las cuales han sido impulsadas. La relación sector público-sector privado es una tema central en lo que se refiere a calidad institucional, si entendemos a las instituciones como construcciones colectivas y no meramente estatales (Couto, 2010, 20).
Vemos entonces que las relaciones Estado-empresarios son fluctuantes y
complementarias, varían con el tiempo de acuerdo a la actividad de que se trate, de la ideología del partido o coalición gobernante, y de la voluntad de los empresarios; pero siempre la actuación del Estado es primordial: algunas perspectivas teóricas tienden a considerar al Estado como compensador de las injusticias sociales y distributivas que produce el mercado. Con la reciente crisis internacional queda demostrada ésta visión, destacándose el papel o el peso de lo público en asuntos sistémicos de las economías nacionales: no existen actividades económicas que no queden sujetas –bajo regulaciones- a la intervención de la esfera pública. Así como en los ´70 las vinculaciones entre Estado y empresas ocupaban un rol central en los estudios del desarrollo dependiente y el autoritarismo burocrático (O´Donnell, 1982), vuelven a
aparecer a mediados de los ´90 en los análisis sobre los gobiernos democráticos pro reformas de mercado que se instauraron en la década pasada (Ross Schneider, 1999).
Menos abundante es la bibliografía sobre el actual contexto nacional que, con distinto signo económico respecto de los gobiernos anteriores, postula una nueva modalidad intervencionista del Estado que pone en el centro del debate la reintroducción de dispositivos de regulación económica. Nuestro intento trata de realizar un primer trabajo de descripción de la vinculación Estado – empresas en el actual período 2003-1010.
A principios de este nuevo siglo el desarrollo comienza a ser visto no ya como mero crecimiento económico –característico de los ´90- sino como un objetivo a alcanzar a través de la cooperación entre alianzas público-privadas en tanto interacción [3] responsable y compartida entre las instituciones públicas, el sector privado empresarial y la sociedad civil, afín de lograr la generación de valor agregado, gestionar eficazmente los riesgos y fortalecer la gobernabilidad como prerrequisitos para contribuir a la sostenibilidad del desarrollo. De esta manera se amplía la disponibilidad y efectividad en la utilización de recursos, tanto humanos, materiales, de información, técnicos y financieros, y se reducen los costos de diseño e implementación de determinados proyectos.
Desde esta visión denominada heterodoxia económica se postula al Estado como un elemento activo, y fundamentalmente, comienza a hacerse hincapié en la
mejora de la productividad y la competitividad a partir del trabajo conjunto entre los sectores estatales y empresariales en donde los primeros ofrezcan entornos amigables al desarrollo de las empresas, esto es: políticas macroeconómicas de promoción de la competitividad, que permitan la prosperidad empresarial para generar nuevas fuentes de trabajo y lograr una mayor inclusión social.
